El alcalde del pueblo dice que su se demuestran los daños “pedirán la rescisión urgente” del contrato de cesión a Iberdrola

El alcalde de San Cebrián de Castro, Javier Aguado, ha anunciado este lunes que su pueblo y el resto de municipios de la zona han pedido al Ministerio de Transición Ecológica y a la Confederación Hidrográfica del Duero que se realice una auditoría ambiental que analice los posibles daños ocasionados por el vaciado del embalse de Ricobayo.

En su escrito, Aguado asegura que “el vaciado desmedido del embalse por parte de la empresa IBERDROLA   ha generado una degradación brutal del territorio y de todo su hábitat, con perjuicios desmedidos para los ecosistemas acuáticos y terrestres que convergen en las más de 5.600 hectáreas de terreno ubicadas en los Municipios Afectados.

En su escrito señala además que “estas prácticas de vaciado han supuesto un incumplimiento    “descarado” de toda la legislación y demás instrumentos de la UE en materia de cambio climático, medio ambiente, y sostenibilidad”.

Dice Aguado que “estas prácticas de vaciado de impacto sólo obedecen a intereses económicos y por tanto se pueden corregir. Es importante considerar que los titulares de instalaciones hidroeléctricas con grandes embalses, beneficiándose de  las reglas del mercado de la electricidad y  el sistema marginalista, aprovechan la gran cantidad de agua embalsada para vender su electricidad a precio de ciclo combinado (gas), lo cual es una maniobra a priori legal con unos grandes beneficios para ellos. Venden agua que no les cuesta nada (turbinar y desembalsar de forma brutal), y obtener beneficios como si fuera gas, cuando el gas si tiene que pagar los derechos de emisión de CO2 además de que hay poca oferta, y por eso sube el precio del gas.  De todo esto se aprovecha la empresa hidroeléctrica IBERDROLA, sin considerar en ningún momento el desastre ecológico y económico que ha generado sobre los territorios y sus habitantes”.

Reclama Aguado tanto al Ministerio como a la CHD que “se inicie de manera urgente una auditoria  medioambiental de daños producidos en el territorio de los 19 municipios afectados como consecuencia del terrible vaciado del pasado mes de julio, que dicha Auditoria sea externa y se adecúe a los criterios europeos de auditorías medioambientales”.

Finalmente el acalde reclama que dicha auditoria se “agilice en el tiempo, y que sus resultados en caso de ser desfavorables puedan implicar una recisión de los contratos de concesión por incumplimiento de toda la normativa medioambiental y que según proceda,  “se le pidan daños y perjuicios a la empresa causante de todo este deterioro ambiental y de sus consecuencias en el territorio y en la economía de sus habitantes”.

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