Los leonesistas preguntan si el Ejecutivo comprobó sus competencias antes de declararlo Proyecto Regional y advierten de que parte de las instalaciones energéticas podrían requerir la autorización del Estado
La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha exigido a la Junta de Castilla y León que aclare si realmente posee competencias para autorizar de forma exclusiva todas las instalaciones vinculadas al Centro de Datos Hiperescalar de Monfarracinos, cuyo proyecto ha sido declarado como Proyecto Regional, al advertir que infraestructuras asociadas como el parque fotovoltaico o las líneas de evacuación podrían requerir la autorización del Estado según la Ley del Sector Eléctrico.
A través de 25 preguntas registradas en las Cortes por el procurador Luis Mariano Santos, la formación reclama saber si se realizó un análisis competencial previo, qué ocurriría si parte del proyecto dependiera de la Administración General del Estado y cómo afectaría esto a la tramitación actual, insistiendo en que la figura del Proyecto Regional no puede alterar el reparto de competencias entre administraciones.
Asimismo, UPL exige a la Junta que detalle los informes sectoriales previos necesarios en materia de aguas, medio ambiente, energía o urbanismo, que precise si existen documentos pendientes de emisión y que aclare cómo se ha justificado la utilidad pública y la incidencia supramunicipal de esta gran inversión privada.
Finalmente, la formación ha puesto el foco en la respuesta que dará el Ejecutivo autonómico si alguno de los informes preceptivos resulta desfavorable o pone de manifiesto incompatibilidades, reclamando un compromiso firme para no aprobar definitivamente el proyecto hasta que se garanticen por completo la seguridad jurídica, ambiental y competencial de todas las instalaciones.
