El proyecto prevé tratar 246.000 toneladas anuales de purines, estiércoles, lodos, residuos de fosas sépticas y subproductos animales a menos de cinco kilómetros de Benavente
Colectivos contrarios a la implantación masiva de plantas de biogás en la provincia de Zamora han denunciado las dificultades para acceder a la documentación de uno de los mayores proyectos proyectados en el territorio zamorano, ubicado en el entorno de Castrogonzalo y a menos de cinco kilómetros de la ciudad de Benavente.
Según trasladan, la documentación publicada por la administración autonómica presenta limitaciones que impiden a la población descargar, guardar o copiar el contenido del expediente, lo que, a su juicio, dificulta el análisis ciudadano de un proyecto con una importante incidencia ambiental y territorial. Los colectivos consideran que este tipo de prácticas favorecen a las empresas promotoras y complican la labor de vecinos, asociaciones y plataformas que quieren estudiar los proyectos y presentar alegaciones.
El proyecto contempla el tratamiento de 246.000 toneladas anuales de purines, estiércoles, lodos procedentes del tratamiento de aguas residuales urbanas y de fosas sépticas, subproductos animales no destinados al consumo humano y otros residuos. Los opositores al proyecto advierten de que se trata de una cantidad “descomunal” para el entorno en el que se plantea la instalación.
Además, alertan de que buena parte de esos residuos tendrían que llegar desde otros puntos, al considerar que la provincia de Zamora no genera por sí sola cantidades suficientes para abastecer las plantas de biogás proyectadas. En este sentido, muestran su preocupación por el transporte de residuos, el aumento del tráfico pesado y el destino final del digestato resultante tras el proceso de producción de biometano.
Los colectivos denuncian que este modelo puede convertir a la provincia en receptora de grandes volúmenes de residuos procedentes de otros territorios, con el consiguiente impacto sobre los municipios cercanos, los suelos agrícolas y la calidad de vida de los vecinos. También insisten en que el problema no termina en la entrada de los residuos a la planta, sino en su posterior salida y aplicación sobre terrenos de la provincia.
Por todo ello, reclaman transparencia, acceso real y sencillo a la documentación administrativa y mayores garantías para que la ciudadanía pueda conocer, estudiar y valorar el alcance de estos proyectos antes de su autorización. Consideran que la población afectada debe disponer de todas las herramientas necesarias para defender sus intereses frente a unas instalaciones que, aseguran, pueden tener consecuencias profundas para el futuro del medio rural zamorano.
