El equipo de gobierno, formado por Izquierda Unida y PSOE, presentará una moción conjunta al pleno para frenar una infraestructura que consideran lesiva para los recursos hídricos, el suelo agrícola y la economía local.
El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha anunciado la presentación de una moción conjunta de los grupos de Izquierda Unida y PSOE para exigir a la Junta de Castilla y León que deje sin efecto la tramitación del centro de datos hiperescalar proyectado en Monfarracinos bajo la figura de proyecto regional.
Durante una rueda de prensa, Guarido ha matizado que el consistorio no se opone a los centros de datos en general, sino a las macroinstalaciones de enorme envergadura que se tramitan «desde arriba» para saltarse a los ayuntamientos y facilitar expropiaciones automáticas a los agricultores. El regidor ha denunciado que el proyecto, impulsado por una empresa privada con una inversión anunciada de 4.600 millones de euros, ocupará cerca del 10% del territorio agrícola de la comarca —afectando a municipios como Aspariegos, Villalube, Molacillos, Benegiles y el propio Monfarracinos— y contará con veinticuatro chimeneas de treinta metros, además de un parque fotovoltaico asociado de mil hectáreas.
Desde el equipo de gobierno se cuestiona el verdadero beneficio público de una iniciativa que, a su juicio, confunde el interés comercial de una multinacional con el interés general de los ciudadanos. Guarido ha puesto en duda los datos de empleo facilitados por los promotores —que estiman unos 500 puestos de trabajo, frente a las previsiones más pesimistas de otras entidades que reducen la cifra a menos de 200— y ha reclamado que se desglosen cuántos de esos empleos serán presenciales en la zona y cuántos corresponderán a teletrabajo.
Asimismo, ha advertido sobre las graves externalidades que acarreará el complejo, como el consumo masivo de agua y energía, el incremento del tráfico, el ruido y la pérdida de suelo agrario, sumándose a las más de treinta licencias de macroproyectos de renovables y biogás que ya soporta la provincia.
La moción que se llevará al pleno y que se traducirá en alegaciones institucionales antes de mediados de noviembre plantea cinco acuerdos fundamentales: instar a la Junta a no aprobar la tramitación como proyecto regional, exigir que se tramite mediante los procedimientos ordinarios habituales, reclamar una evaluación ambiental acumulativa e integral de todas las infraestructuras asociadas, exigir compromisos vinculantes y desglosados sobre empleo e ingresos públicos, y demandar absoluta transparencia con acceso público a toda la documentación técnica.
El alcalde ha lamentado además que la declaración excepcional de proyecto regional dejará a los ayuntamientos afectados sin la recaudación de impuestos locales de construcción tan significativos como el ICIO, concluyendo que la provincia necesita inversiones sostenibles que protejan el territorio y respeten la economía rural en lugar de macroproyectos orientados a beneficiar a intereses externos.
