La UMT asegura que el acuerdo incluye una mesa de trabajo, medidas de vivienda pública y un estudio de movilidad para favorecer el arraigo de las familias militares
La Unión de Militares de Tropa ha anunciado el impulso de una declaración institucional en el Ayuntamiento de Zamora para abordar las necesidades sociales vinculadas a la reapertura del acuartelamiento de Monte la Reina. La iniciativa llega tras una reunión mantenida entre el presidente de la UMT, Francisco José Durán Baños, y el concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo Espiñeira.
Según la asociación profesional militar, el objetivo es anticipar las necesidades derivadas de la llegada de más de 1.400 militares a partir de 2027, en un proyecto que cuenta con una inversión superior a los 130 millones de euros. La UMT advierte de que, sin una planificación adecuada en materia de servicios, vivienda, transporte, educación, sanidad y empleo, el nuevo acuartelamiento podría derivar en un modelo de «soldados transeúntes».
El documento que se elevará al Pleno incluye la creación de una mesa de trabajo sobre Monte la Reina, concebida como un espacio permanente de diálogo entre administraciones, grupos políticos, sindicatos y asociaciones profesionales militares. Esta mesa tendría como finalidad coordinar actuaciones y anticipar las necesidades sociales y logísticas vinculadas al futuro acuartelamiento.
Entre las medidas planteadas figura también el impulso de vivienda asequible mediante la cesión de parcelas municipales a la Junta de Castilla y León para promover nuevas promociones de vivienda pública a través de SOMACYL. La propuesta incorpora además la petición al Ministerio de Transportes y a Renfe de un estudio técnico para implantar nuevas frecuencias ferroviarias que conecten el apeadero de Monte la Reina con Zamora, Toro y Valladolid.
El presidente de la UMT, Francisco José Durán Baños, ha valorado la sintonía con el Ayuntamiento de Zamora y ha defendido que la reapertura de Monte la Reina debe ir acompañada de garantías sociales. «Si solo construimos infraestructuras sin prever el alojamiento, la educación, la sanidad y el empleo de los cónyuges y parejas, corremos el riesgo de tener un acuartelamiento lleno, pero una provincia vacía», señaló.
