Ambas formaciones piden al Ayuntamiento que reconsidere la medida y advierten de la pérdida de unos ingresos que podrían alcanzar los 130.000 euros anuales
El Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal Mixto–Izquierda Unida del Ayuntamiento de Benavente han presentado alegaciones contra la derogación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como impuesto de plusvalías. Sus portavoces, Patricia Martín Guerra y Manuel Burón García, solicitan al Pleno municipal que reconsidere la decisión aprobada inicialmente el pasado 22 de octubre y mantenga la ordenanza vigente mientras se estudian otras alternativas de gestión y financiación.
Uno de los principales argumentos de ambas formaciones es el impacto económico que podría tener la eliminación del tributo sobre las cuentas municipales. Según el informe de Intervención del 16 de septiembre, la recaudación prevista para el cierre de 2026 se sitúa entre 100.000 y 130.000 euros, mientras que los datos de Tesorería recogen una referencia de 144.321,68 euros correspondiente a 2025. PSOE e IU advierten de que renunciar a estos ingresos puede limitar la capacidad del Ayuntamiento para financiar servicios e inversiones, por lo que reclaman una evaluación económica que contemple sus consecuencias durante los próximos tres y cinco años.
Las alegaciones también cuestionan que se hayan analizado suficientemente otras opciones antes de optar por la supresión del impuesto. Entre las alternativas planteadas figuran delegar su gestión en la Diputación Provincial de Zamora, reforzar los medios municipales, reducir el tipo de gravamen o establecer bonificaciones dentro de los límites legales. Ambas formaciones recuerdan que ya existían propuestas de Tesorería de marzo, abril y mayo de 2025 relacionadas con la posibilidad de delegar la gestión del tributo en la institución provincial, por lo que solicitan que se incorporen al expediente y se comparen sus costes y ventajas.
Los grupos de la oposición también piden aclarar las cifras utilizadas para justificar la decisión, diferenciando entre los gastos reales que dejaría de asumir el Ayuntamiento y el tiempo de trabajo del personal que podría destinarse a otras funciones. Asimismo, consideran necesario analizar a quién beneficiaría la eliminación del impuesto, ya que la medida afectaría directamente a quienes realicen transmisiones de terrenos urbanos sujetas al tributo. En su escrito reconocen que se trata de un impuesto potestativo y que su derogación es legalmente posible, aunque sostienen que la decisión debe estar respaldada por una justificación económica y administrativa suficiente.
Por todo ello, PSOE e IU solicitan que el Ayuntamiento de Benavente no apruebe definitivamente la derogación y mantenga la ordenanza mientras estudia otras posibilidades. De forma subsidiaria, reclaman que antes de adoptar una decisión definitiva se incorporen al expediente una memoria económica plurianual, un análisis de las alternativas de gestión, una evaluación del impacto de la medida sobre los contribuyentes y una aclaración de los datos de Tesorería. Ambas formaciones insisten en que su objetivo es conocer las consecuencias de renunciar a esta fuente de ingresos municipales y garantizar que la decisión responda al interés general.
