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Zamora activa un dispositivo de 750 efectivos para garantizar la seguridad en las elecciones generales del 29N

La Subdelegación del Gobierno coordina a la Guardia Civil, la Policía Nacional y las policías locales en un plan estructurado en tres fases que velará por los más de 138.000 electores llamados a las urnas en la provincia

Zamora ha puesto en marcha su dispositivo especial de seguridad de cara a las próximas elecciones generales que se celebrarán el 29 de noviembre. El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, ha presidido la reunión de coordinación junto al teniente de alcalde de la capital, David Gago, mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y responsables de las policías locales, estableciendo las directrices operativas necesarias para garantizar el libre y pacífico ejercicio de los derechos de la ciudadanía. En total, el operativo estará integrado por aproximadamente 750 agentes pertenecientes a la Guardia Civil, la Policía Nacional y los cuerpos municipales de Zamora, Benavente, Toro y Puebla de Sanabria.

El plan de seguridad se divide en tres fases estratégicas para adecuar la vigilancia a cada momento del proceso. La fase previa abarca la precampaña hasta el 12 de noviembre para el diseño operativo; la fase de alerta se desarrolla durante la campaña electoral, del 13 al 27 de noviembre; y, por último, la fase crítica arranca a las 20:00 horas del 27 de noviembre y se prolonga hasta el cierre de los colegios y la finalización del traslado de documentación. Durante este periodo se intensificará la protección en infraestructuras críticas, sedes de partidos, ciberespacio y colegios electorales mediante la constitución del Centro de Coordinación de Seguridad de Elecciones (CECOSE).

En la provincia están llamados a participar más de 138.000 electores residentes, a los que se suman cerca de 20.000 inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto en 368 mesas distribuidas en 282 colegios de 248 municipios, contando además con un servicio especial de transporte habilitado por la Administración General del Estado para facilitar la participación en los 262 núcleos de población separados o anejos de la provincia.