Fernando Prada defiende la tramitación ambiental del proyecto, remite a la empresa promotora las explicaciones a los vecinos y advierte de que la Confederación Hidrográfica del Duero deberá pronunciarse sobre el consumo de agua
El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, ha defendido la tramitación del centro de datos proyectado en Monfarracinos después de las alegaciones planteadas desde el ámbito municipal. Prada ha reconocido que se trata de una iniciativa de gran complejidad técnica, pero ha insistido en que la documentación ha estado sometida a exposición pública y que tanto los ciudadanos como los ayuntamientos han tenido la posibilidad de presentar sus observaciones.
En este sentido, ha asegurado que todas las alegaciones serán estudiadas por los organismos competentes y que el procedimiento se desarrollará conforme a la legislación ambiental. Preguntado por la posibilidad de que la Junta organice alguna jornada informativa para explicar el proyecto y resolver las dudas de los vecinos, el delegado ha señalado que corresponde a la empresa promotora asumir esa tarea. “La Junta de Castilla y León, al final, no es el promotor de este tipo de iniciativas”, ha manifestado.
Prada considera que la información necesaria está disponible en la documentación sometida a exposición pública, donde se recogen cuestiones como las captaciones de agua previstas y las autorizaciones que deberá obtener la instalación.
Precisamente, el consumo de agua destinado a la refrigeración del centro de datos constituye una de las principales cuestiones pendientes. El delegado ha explicado que la Confederación Hidrográfica del Duero tendrá que pronunciarse sobre las captaciones y determinar si pueden ser autorizadas. Según ha detallado, la declaración de impacto ambiental no equivale a una autorización definitiva para desarrollar la actividad, puesto que posteriormente deben completarse otros procedimientos, entre ellos el correspondiente a la autorización ambiental integrada, con la intervención de los diferentes organismos competentes.
Prada ha insistido en que el proyecto todavía tiene por delante un recorrido administrativo prolongado y ha recordado que el propio polígono donde se pretende instalar continúa en desarrollo. Por ello, ha pedido no interpretar la tramitación ambiental como una aprobación definitiva de la instalación y ha señalado que algunas de las decisiones más específicas se adoptarán durante los próximos años. El delegado ha reiterado su respeto tanto a las empresas interesadas en invertir en la provincia como a los vecinos, colectivos y ayuntamientos que presentan alegaciones o solicitan modificaciones en los proyectos.
