El SEPRONA esclarece los fuegos ocurridos el pasado mes de septiembre en plena época de riesgo alto, destacando un siniestro que calcinó más de 25 hectáreas tras una quema descontrolada de restos vegetales
Agentes del SEPRONA de la Guardia Civil de Zamora han procedido a la detención de dos personas como presuntas autoras de dos incendios forestales registrados durante el pasado mes de septiembre, en un periodo en el que toda la Comunidad Autónoma de Castilla y León se encontraba bajo declaración de Época de Riesgo Alto. El primero de los sucesos tuvo lugar el 21 de septiembre en el término municipal de Cerezal de Aliste, donde las llamas calcinaron más de 25 hectáreas y obligaron a alcanzar el Nivel IGR-1 de gravedad potencial. La inspección técnica ocular realizada por los especialistas, en colaboración con técnicos de la Junta de Castilla y León, determinó que el fuego se originó en el interior de una parcela vallada a raíz de una imprudencia grave por una quema de restos vegetales sin autorización y sin medios suficientes para controlarla.
La segunda actuación se saldó con la detención de un vecino de la comarca de Alba por su implicación en el incendio declarado el pasado 7 de septiembre en Santa Eufemia del Barco. Las llamas, que comenzaron a las 21:22 horas en tres puntos diferentes, afectaron a unos 3.000 metros cuadrados de arbolado y monte bajo gracias a la rápida intervención de los medios de extinción y una patrulla de Moraleja del Vino. En este caso, la investigación conjunta concluyó que el origen se debió a la aplicación directa de llama sobre el terreno, logrando identificar al autor en el mismo lugar de inicio.
Los dos detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de los Tribunales de Instancia de Guardia en Zamora. Desde la Comandancia de la Guardia Civil recuerdan que la época de alto riesgo se mantiene activa hasta el próximo 12 de octubre —con la prohibición absoluta de quemas sin autorización—, al tiempo que apelan a la colaboración ciudadana y recuerdan que el Código Penal contempla penas de hasta veinte años de prisión para los autores de incendios forestales, además de las responsabilidades civiles y administrativas correspondientes.
